Durante los últimos años hemos visto como se ha ido agudizando una política de represión hacia las luchas sociales, por medio de la persecución, encarcelamiento, judicialización y criminalización de muchas personas y organizaciones que levantan la voz contra las injusticias de este sistema, todo lo cual nos motiva a plantear nuestra posición política frente al tema, en especial frente al actual escenario de lucha de las y los presos sociales y políticos.Por lo tanto, nosotros como Federación Comunista Libertaria, declaramos:
1. Comprendemos que la actual política de represión, hacia diversos sectores que protestan contra las injusticias, se enmarcan dentro del rol histórico que ha mantenido el Estado chileno, garantizando un orden de cosas a favor de la clase dominante, favoreciendo la inversión de los grandes actores económicos y barriendo con cualquier tipo de oposición a sus planes de expansión e incremento de las ganancias, a costa de los sectores dominados.
2. El actual orden jurídico enmarcado en la Constitución de 1980, es un claro instrumento de represión hacia las y los que luchan. En este sentido, la llamada “Ley anti terrorista” se ha convertido en una de las principales armas del Estado chileno para criminalizar y someter la protesta social.
3. Observamos que en los últimos años se sigue una política represiva de parte del Estado chileno y los sectores dominantes, particularmente agresiva, la cual implica:
a) El seguimiento de las actividades, y por lo tanto el hostigamiento hacia diversas expresiones sociales y políticas de oposición hacia este sistema de injusticias.
b) La persecución judicial hacia las personas y organizaciones más visibles y simbólicamente más perturbadoras para el “orden público”: mapuche, anarquistas y antiautoritarios.
c) El hostigamiento, persecución y encarcelación de ex presas y presos políticos militantes de organizaciones políticas revolucionarias (FPMR, Lautaro, MIR), lo que demuestra una clara intención revanchista del Estado chileno.
d) La difamación por parte de las autoridades y de la prensa, de las diversas reivindicaciones, demandas y propuestas de cambio social.
Esta política de Estado es notoriamente articulada desde el Ministerio del Interior, con la colaboración de otros actores estatales y no estatales, y representa un verdadero peligro para todos quienes se plantean la organización y la lucha por las transformaciones sociales más anheladas.
4. Siguiendo esa política de Estado, vemos que la Fiscalía y el Ministerio Público montan procesos judiciales completamente irracionales, al límite de su propia legalidad, que terminan con penas extremadamente duras, con el objetivo de entregar un mensaje aleccionador a la población: “cualquier disidencia será castigada con todo el peso de la ley”.
Un ejemplo de ello, fue lo sucedido en el caso del militante del PC, del Movimiento Continental Bolivariano y del Movimiento de Solidaridad por la Paz en Colombia, Manuel Olate, al cual se le ha intentado vincular con las FARC-EP. A Olate se le imputa ser un enlace entre el movimiento insurgente y fracciones radicalizadas del movimiento mapuche, lo cual hasta el momento no ha sido comprobado por falta de pruebas.
Este tipo de persecución política es particularmente clara, en los procesos judiciales montados contra las organizaciones y Comunidades Mapuche. En numerosas ocasiones se han utilizado testigos sin rostro y pagados, con vicios procesales evidentes, incluso con diversas prácticas de tortura hacia los acusados con el fin de arrancarles supuestas confesiones o pruebas. Todo esto apunta hacia el máximo endurecimiento de las penas, lo cual tiene un evidente contenido político en contra de las reivindicaciones del pueblo mapuche. Frente a esta situación, los presos políticos mapuche recluidos en Cañete (Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche), llevan adelante una huelga de hambre desde el 15 de marzo.
También se ha seguido este comportamiento, en el llamado “caso bombas”, en el que incluso a la Fiscalía se le permitió extender el período de investigación por más de 7 meses, sin tener pruebas contra los imputados, manteniéndolos encarcelados todo este tiempo y en las peores condiciones posibles. Como medida de presión las y los compañeros sostienen una huelga de hambre que se extiende desde el 21 de febrero, la que ha sido acompañada por diversas movilizaciones de apoyo en diversos lugares, dentro y fuera del país. Recién el día 4 de abril la Fiscalía Sur presentó ante el Octavo Juzgado de Garantía el libelo acusatorio, en donde se exigen penas para las y los imputados que van desde los 10 años hasta la prisión perpetua.
La dimensión del montaje ha llegado a tal punto, que “sospechosamente” una bomba estalló en el interior de las oficinas de la Defensoría Popular (grupo de abogados de los imputados), a solo 4 días de una vital audiencia; oportunidad que cayó como anillo al dedo a la Fiscalía , quien tuvo acceso directo a las carpetas de la defensa. Como si no fuera suficiente, las autoridades han decidido premiar al fiscal Alejandro Peña, integrándolo a la Subsecretaria del Interior, en donde formará parte de un equipo que asesorará al gobierno en materia de seguridad. Esta es una clara señal de la línea represiva que impulsará el Estado hacia el movimiento social.
5. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, a los sindicatos, organizaciones de estudiantes y de pobladores, a pronunciarse y manifestarse contra la política represiva del Estado, participando activamente en las diversas movilizaciones convocadas por la libertad de todas y todos los presos políticos, por el fin de la ley anti terrorista y los montajes político-judiciales. Al mismo tiempo proponemos la articulación de las distintas organizaciones y sectores afectados, para hacer fuerza común contra la prisión política y la criminalización de la protesta social. Solo la construcción de un pueblo fuerte y organizado podrá brindar la posibilidad de frenar las ofensivas represivas del Estado-Capital y allanar el camino hacia el socialismo y la libertad.
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