(Nota de
Luminoso Futuro: Hemos recibido nota de análisis coyuntural proveniente desde
Bolivia, mediante la cual se hace denuncia de actos de violencia institucional
contra activistas y sectores de las masas trabajadoras y populares de dicho
país. Por principios contrarios a todo acto de violencia reaccionaria policíaca
en daño del pueblo, brindamos nuestra solidaridad de clase a los sectores
populares hoy en lucha con el brazo de
hierro del Estado. A la vez que condenamos la vituperable agresión contra la
enfermera Leonor Boyán, exigiendo la detención y castigo de los agentes de la
policía política (dicha de “inteligencia”) que ha realizado tan vil y
repugnante acto en contra de dicha
activista social)
La política del garrote se impone contra los
sectores populares
Para imponerse con el “principio de autoridad”, el gobierno del MAS no ha
dudado en aplicar la represión contra los gremios o sindicatos, y a veces de
manera individualizada sobre dirigentes o militantes de la manifestación
popular. Es el caso de la enfermera Leonor Boyán que fue brutalmente golpeada,
interrogada y luego abandonada en un hospital por policías que la encontraron
sospechosa de lanzar una piedra al Viceministro de Gobierno.
Las explicaciones del gobierno llegaron luego: ella tenía un objeto “parecido
a una piedra”, no fue torturada sino alcanzada “por golpes indirectos”. Antes
de sacar esas justificaciones, el propio viceministro Pérez, el Fiscal y un
grupo de policías fueron a interrogar durante dos horas a la enfermera en la
sala de terapia intensiva del Hospital del Tórax, a las once de la noche del
mismo día de la brutal golpiza que le dieron.
Los trabajadores en salud, los estudiantes de medicina y los médicos
desarrollaron enfrentamientos la semana pasada con cierto nivel de radicalidad
frente a la policía, pertrechada con gases, escudos en todo el cuerpo y carros
Neptuno.
El caso de la enfermera Boyán, que fue detenida por personal de
inteligencia de la policía infiltrado en la movilización y agredida durante
varias horas forma parte de la práctica sistemática del Estado bajo el amparo
(por todos los que defienden el sistema) de que a la policía le corresponde el
uso legítimo de la violencia. Este argumento reaccionario ha servido siempre
para mantener impune a la policía por la represión que ejerce en nombre del
Estado (y de la sociedad) para dizque defenderla de quienes causan desorden
social.
El ejercicio de la tortura por parte de la policía ha sido siempre (y sigue
siendo) el mecanismo de “investigación” o venganza dentro de su proceder. Es un
mecanismo burocratizado, es decir que se aplica como el manual de funciones o
el abc de su manejo cotidiano, se encuentra sedimentado en lo más básico y
profundo de su proceso de formación. Esto no ha variado a pesar de los cientos
de talleres sobre derechos humanos que ingenuas organizaciones (por decir lo
menos) han dado a la policía, hoy en día esta instancia represiva del Estado
(la policía) puede ostentar que tiene oficinas de derechos humanos dentro de su
estructura institucional, pero las golpizas, la tortura, la muerte de detenidos
en sus celdas o la represión abierta a los manifestantes (como la marcha
indígena) sigue siendo su marca registrada.
Un informe presentado en abril de este año por el Instituto de Terapia e
Investigación sobre Secuelas de la Tortura de Estado (ITEI) dio cuenta de
denuncias de torturas certificadas a 58 personas detenidas entre 2008 y 2011,
todos ellos durante el proceso de aprehensión, es decir, cuando son detenidos
por la policía, tal como pasó con la enfermera Boyán. Sin embargo es cosa
corriente que el Ministerio Público se haga de la vista gorda cuando la policía
aplica este procedimiento a la hora de “investigar”.
Como ya es costumbre en los momentos de manifestación popular, que se
producen en medio de la agudización de la crisis social y son reflejo de la
lucha de clases, se puede ver con mayor claridad los intereses que los actores
defienden en el conflicto. En este caso el viceministro de Régimen Interior y
el propio Ministro de Gobierno han minimizado estos hechos, el ministro
incluso, con el desprecio que le caracteriza, se ha referido al caso de la
enfermera como un tremendo show.
Las autoridades que han pasado por el Estado, en este caso el Ministerio de
Gobierno, se ponen el uniforme de defensa y ejercicio de la dictadura de clase
y actúan en consecuencia. Recordemos al anterior ministro, Sacha Llorenti (aún
una ficha clave del gobierno de Evo Morales), que su procedencia de las filas
de activistas de Derechos Humanos no le impidió dar a su gestión un carácter
represivo y fascista frente al movimiento popular. El actual ministro Romero,
con más experiencia en la gestión burocrática, suele mostrar un perfil más
técnico en el manejo de la gestión, sin embargo conocemos su deshonestidad,
como cuando dijo tener pruebas contundentes contra manifestantes de Yapacani de
haber disparado perdigones a la policía, cuando estos acusados habían sido
detenidos días antes del mencionado enfrentamiento. El viceministro Pérez,
hombre de confianza de Romero y ex trotskista según su versión, aprendió muy
pronto su tarea de defender al Estado (que se traduce en defender a toda costa
a su aparato represivo) negando desde el principio toda responsabilidad a la
policía, y argumentando ante la prensa que el interrogatorio a la enfermera
Boyán cuando se encontraba en estado grave en su cama de terapia intensiva, sin
permiso de ningún doctor ni autoridad judicial alguna, desde las 11 de la noche
hasta la 1 de la madrugada, era un acto humanitario.
La acción del Estado se justifica de todas las formas cuando se trata de
caerle con todo al movimiento popular en protesta para aplastarlo y destruir su
lucha, la acción del viejo Estado, hoy llamado plurinacional, no ha cambiado en
nada a sus predecesores. Mientras carga con todo contra el movimiento popular,
encubre y trata con guantes de seda a sus funcionarios, como por ejemplo al
actual Comandante General de la Policía, involucrado en un escandaloso caso del
ingreso irregular de cadetes a la universidad policial, una muestra clara de
que el carácter de clase del Estado sigue siendo el mismo a pesar de la
demagogia “revolucionaria” del gobierno de Evo Morales.
Enviado por Análisis y Opinión
mayo de 2012
Publicado por Luminoso Futuro
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