Iñigo Sáenz de Ugarte
No hay forma más fina de poner en marcha un golpe de Estado que a traves de una decisión judicial. Es difícil blanquear los uniformes de los soldados y el paso de los tanques por las calles. Un Tribunal Constitucional tiene más pase. Sin embargo, la decisión de los jueces de borrar de un plumazo al primer Parlamento egipcio elegido de forma democrática es un golpe de Estado en toda regla que sirve a los intereses de la Junta Militar.
A dos días de las elecciones presidenciales, a las que opta Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Mubarak, el veredicto arroja un grado de confusión que es excesivo incluso para lo que están acostumbrados en Egipto desde el derrocamiento del dictador. Según algunas opiniones, la decisión no es completamente ajena a la legalidad en la medida de que las elecciones no reservaron escaños suficientes para los candidatos independientes, los que no se presentaban en listas de partidos políticos.
Se trata de una opinion jurídica de peso, pero políticamente absurda. ¿Las primeras elecciones democráticas debían regirse por las normas legales de la dictadura?
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