El Estado ecuatoriano incumple Acuerdo Amistoso ante la CIDH
El
presidente Rafael Correa, en el enlace Sabatino
del 29 de septiembre del 2012, dio declaraciones sobre el supuesto “aumento de mujeres embarazadas en
la delincuencia” provocando
con ello una ola de condena social especialmente en los medios de comunicación.
Los espacios de crónica roja se llenaron de imágenes de “embarazadas ladronas”
“embarazadas en bandas de delincuentes y narcotráfico” incluso hubo “expertos”
que hablaban de la necesidad de colocar en el Código penal al embarazado “como
un atenuante del delito”. Cualquier idea descabellada se justifica con el discurso dominante de la
inseguridad en el que
coinciden armoniosamente el gobierno y los medios de comunicación privados.
Las
declaraciones del presidente Rafael contradicen el Acuerdo
Amistoso (2009) logrado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, CIDH, el año 2009 entre El Estado ecuatoriano y Karina
Montenegro y otras, por la violación de derechos de mujeres embarazadas y
personas de la tercera edad privadas de la libertad en las cárceles del
Ecuador.
Para mirar el nivel de
cumplimiento de los puntos del Acuerdo
Amistoso, este 2 de noviembre la CIDH recibió
a delegados quienes brindaron información sobre el caso. Lastimosamente la
información no es favorable.
La
situación carcelaria de las
mujeres evidencia que el
acuerdo no se ha cumplido. Sólo en el Centro de Rehabilitación de Quito se
contabilizan 8 mujeres embarazadas actualmente en prisión.
Esta
situación empeora por las declaraciones del Presidente Correa que representan
un claro retroceso a los acuerdos llegados y a la necesidad de distinciones
legales que permitan la mayor protección a grupos vulnerables como son los
niños, niñas, personas adultas mayores y mujeres embarazadas.
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