por Quibian Gaytan
25 de noviembre de 2010
El Gobierno del fascista italo-panameño Ricardo Martinelli ha concedido asilo –“territorial”, dice la Cancillería panameña- a la ex directora de la agencia de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado, sancionada e investigada por el escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales practicados durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Con esta decisión se busca "contribuir a la estabilidad política y social de la región", señaló con bella cara de concreto el canciller Juan Carlos Varela, opusdeísta y presidente del fascista Partido Panameñista, en un comunicado. Tratando de cubrir con frases hueras, el hecho de que el Gobierno del “neoDuce” Martinelli no sólo ha convertido Panamá en base de retaguardia estratégica de desestabilización y agresión armada, a cuenta del imperialismo norteamericano, contra países y Estados democráticos reformistas circumcaribe y Sur América, aceptado la instalación de 11 bases militares gringas en el país, sino que interviniendo directamente en la prolongada guerra civil colombiana.
La solicitud de asilo fue presentada por la propia Hurtado, que se encuentra en Panamá desde el pasado lunes y que dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre el 23 de agosto de 2007 y el 23 de octubre de 2008, cuando renunció en medio del escándalo de las 'chuzadas', como se conoce en Colombia a las escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
A la tal Hurtado, convertida en chivo expiatorio a pagar por el narcofascista Uribe, está siendo investigada por la Fiscalía, mientras la Procuraduría General de Colombia ratificó su sanción de 18 años para ejercer cargos públicos, por espionaje ilegal, tras conocerse la decisión del Gobierno panameño. Ha sido en este contexto en el que la ex directora del DAS alegó que estaba sometida a una persecución en su país para solicitar asilo en Panamá. Por eso, muy torpemente el Canciller Varela ha justificado esta apresurada interferencia en los procedimientos judiciarios colombianos al conceder asilo tras supuestamente "analizar cuidadosamente la solicitud (...) y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país".
Por lo que, ante tan infundamentada iniciativa Martinellista, la canciller colombiana María Ángela Holguín, ha hecho público su disgusto: "lamentamos que teniendo una relación tan buena y tan fructífera como la que tenemos con el Gobierno panameño, no nos hayan informado ni nos hayan comentado sobre este asunto, pero respetamos la decisión que han tomado".
Las reacciones hoy en Colombia no se hicieron esperar y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, aseguró que se está desdibujando la figura del asilo. "El asilo es una institución consagrada para proteger a los perseguidos, no a los perseguidores", matizó Arrubla, amparado en el hecho de que varios magistrados de ese tribunal fueron víctimas del espionaje del DAS. Varias decenas de personas se concentraron a las puertas de la Embajada de Panamá en Bogotá para protestar contra la concesión de asilo a Hurtado y consideraron que eso puede abrir la puerta a la impunidad.
En Panamá, diferentes sectores políticos y sociales han manifestado su descontento y rechazo de esta nueva metida de pata del gobierno Martinelli y su Cancillería. Estudiantes universitarios han cerrado calles y/o protestado frente a la sede del ministerio de relaciones exteriores. Las fuerzas antimotines, de la nueva Guardia Nacional, han hecho algunas detenciones.
Por su parte el ex-presidente Uribe, en demostración de plena comprensión a quién está dirigido realmente este golpe judicial contra su testaferra, la Hurtado, en forma irritada aseguró que “en el país no hay garantías para algunos ex funcionarios de su Administración a los que se les adelantan procesos judiciales”. Declaraciones a la que le ha salido el paso el nuevo mandatario colombiano, Santos, nuestro país "es una democracia que funciona y da a sus ciudadanos todo tipo de garantías". Así, constatan los especialistas de política interna colombiana, se ha abierta una grave y amplia grieta en las relaciones entre el nuevo mandatario y el ex-presidente.
Santos, que ha sido ministro de Seguridad en la administración Uribista y cómplice en el terrorismo de Estado aplicado contra el pueblo colombiano, hoy, en sus primeros cien días de gobierno ha dado sustanciales pasos demarcantes de la política de Álvaro Uribe, en el plano de la política interna como en aquella con relación al venezolano Chávez. Se normalizan las relaciones diplomáticas entre los dos Estados fronterizos y, por su parte el líder de la revolución bolivariana con la conciencia tranquila le entrega al gobierno burgués colombiano a tres ex-guerrilleros de la FARC y del ELN. Y todo eso con el visto bueno, del que siempre tiene ojo avizor en lo que pasa en su patio trasero, el imperialismo estadounidense.
Con esta última acción se distensionan y normalizan las relaciones con Venezuela. Como también con Ecuador y Brasil. Y como para que no existan dudas de su “política de acercamiento y buena voluntad”, Santos ha señalado, para el que quiera creerle, “la prioridad de su gobierno es el tema económico, el tema social y el restablecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con todos sus vecinos ; el tema de la seguridad es secundario”. Busca que el país crezca económicamente a través de cuatro locomotoras, como él las llama: la agricultura, la infraestructura, mayores exportaciones y la minería y la energía. Todo esto, además, acompañado de una plataforma de inversión social muy importante.
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