Fecha:
17/04/2012 - 01:49
1. La crisis energética
Hemos dicho que el país vivía una profunda crisis
energética, y que el camino para resolverla
era estatizar
el petróleo, sin indemnización (porque
todas las empresas incumplieron los contratos), y garantizando la producción y “manos
limpias” con control obrero. Luchamos
por ese objetivo: el 1º de febrero, la CCC marchó e hizo actos con estos
reclamos en las puertas de Repsol y Pan American.
Ahora, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que establece que el
petróleo es “de utilidad pública”, a partir de lo cual se decide la
expropiación del 51% de las acciones del monopolio imperialista Repsol en YPF.
Esa mayoría accionaria se repartirá así: el 51% para el Estado nacional y el
49% para las provincias. Además, por un decreto de necesidad y urgencia
Cristina Kirchner dispuso la intervención de YPF, para garantizar su
funcionamiento.
Es un paso
positivo quitarle al monopolio imperialista
Repsol el manejo de la empresa. Más aún cuando esa decisión fue tomada en un
clima de amenazas desde España, la Comunidad Europea, e indirectamente
Estados Unidos. Ahora el imperialismo español está pasando a los hechos, que
habrá que enfrentar.
Por otra parte, la
expropiación del 51% de YPF establecerá un precedente
importante: el derecho de propiedad imperialista y monopólico está por debajo del interés público, nacional y social. Por eso las derechas neoliberales
argentinas cacarean junto a los imperialistas.
2. El fracaso
El avance de la crisis energética,
expresada en el crecimiento de las importaciones a más de 9.000 millones de dólares,
es lo que obligó al gobierno a tomar su decisión. Es la demostración del total
fracaso de la política energética K: trabajaron con Menem por la privatización;
ya en el gobierno negociaron que Repsol se asociara con el empresario
“argentino” Eskenazi, a lo que llamaron “argentinización”: todo eso fracasó.
Ante ese fracaso los corren las consecuencias de la crisis energética en el
invierno, y las necesidades de “caja”.
La presidenta ha dicho que su medida “no es estatización”, y que “se respetará”
el carácter de “sociedad anónima” de YPF y los intereses de sus accionistas. Se
indemnizará, entonces, a Repsol, pese a haber vaciado a YPF, obteniendo
ganancias muy por encima de lo que invirtieron. La Constitución prohíbe la
confiscación, pero no es éste el caso. Repsol incumplió los contratos. Hay que
hacer lo que hizo el presidente Illia con los contratos entreguistas de
Frondizi, a los que declaró “nulos de nulidad absoluta por vicios de
ilegitimidad y ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación”.
El grupo Eskenazi conservará sus acciones, que fueron “pagadas” con los
dividendos que fue recibiendo de la empresa, por un pacto de Néstor Kirchner y
los españoles, que le permitía a Repsol llevarse del país hasta el 90% de las
ganancias. Además, Eskenazi gerenció el vaciamiento de YPF en estos últimos
años.
El proyecto de ley del gobierno establece que YPF será “una sociedad anónima
abierta” (artículo 15). Y el artículo 16 dice que “YPF acudirá a fuentes de
financiamiento internas y externas, y a la concertación de alianzas
estratégicas, uniones transitorias de empresas, y todo tipo de acuerdos con
otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”.
¿De qué soberanía se está hablando, cuando el proyecto de ley del gobierno abre
las puertas de par en par a la asociación con los monopolios imperialistas?
Tanta preocupación por abrirle las puertas a los monopolios y banqueros
imperialistas abre sospechas sobre la falta de preocupación por la situación de
los obreros: no hay ninguna cláusula que garantice la continuidad de los
puestos de trabajo y los salarios de los petroleros.
3. Un movimiento de masas
Para avanzar realmente en la resolución
de la crisis energética, es necesaria la estatización del 100% de YPF, sin
indemnización, con control obrero. Y estatizar Pan American y demás monopolios
imperialistas petroleros, para poner en manos de una YPF estatal a la totalidad
del ciclo del petróleo y el gas: exploración, explotación, destilación,
distribución y bocas de expendio. En manos de una YPF monopólica, estatal,
eficiente bajo el control de la producción y de las cuentas por los obreros, que respete los derechos de la
población donde están los yacimientos, originaria o criolla, y de las
provincias.
Ese es el camino para acabar con la crisis energética. Y la garantía para
concretarlo es desarrollar un amplio movimiento de las fuerzas obreras y
populares, patrióticas, democráticas y antiimperialistas.
4. Buen momento para pechar
El país no conoce –pues fue ocultado por
los grandes medios tanto K como opositores- los sufrimientos que han vivido y
siguen viviendo millones de pobladores del Gran Buenos Aires y zonas
pobres de la Capital Federal con la tormenta del 4 de abril. Tampoco se conoce
la extraordinaria respuesta de más de 1.000 piquetes que fueron la base para la
organización solidaria de decenas de miles de familias que se unieron para dar
respuesta a la terrible situación (ver pág. 3).
El gobierno liberó los precios. Después de gastar a cuatro manos para ganar las
elecciones con el 54% de los votos, el gobierno K anunció el ajuste de
“sintonía fina”. Pero apenas comenzó a aplicarlo, se produjo la respuesta de
luchas obreras y populares que demostró que grandes masas no lo habían votado
para aplicar esa política de ajuste. Fue el verano caliente lo que obligó al gobierno a
frenar el ritmo del ajuste.
La clave del ajuste son los salarios. Como las luchas obreras demostraron que
rechazan el tope
salarial K, el gobierno golpeó por otro lado: liberó los precios. Esto le deja margen a los
monopolios pare que acepten algo más que el tope salarial del 18%, el gobierno
recauda más por IVA y ganancias, y los trabajadores pagan el ajuste con la
desvalorización de sus salarios que provoca la carestía.
La inflación es una
decisión política del gobierno K, en beneficio de los monopolios y
terratenientes y su Estado, para descargar la crisis sobre los trabajadores y
el pueblo.
Hay luchas en todo el país. Paros de los trabajadores del Subte, de la línea
60, de estatales como los santacruceños y los pampeanos, de docentes en todos
los niveles, etc. Hay una nueva oleada que exige respuestas a los delegados o
busca la renovación de los cuerpos de delegados y comisiones internas. Una ola clave para garantizar un
otoño caliente, frente a los jerarcas colaboracionistas como la dirección de UTA, que firmó por el 18%. Se han
agravado las grietas y contradicciones con sectores de la CGT.
Es más necesario que nunca un paro nacional activo, como se discute en la CTA,
que confluya o coincidida con una medida similar de otros sectores del
movimiento obrero, con el movimiento campesino y popular, y con un gran
movimiento por la estatización de YPF, el petróleo y el gas. Y que prepare un
gran 1° de Mayo que exprese el reagrupamiento de fuerzas que se ha producido en
el movimiento obrero.
Autor:
escribe Ricardo Fierro
Publicado por Remolino Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario