Denuncia de política de cerco y despojo campesino por orden del opusdeísta Juan Carlos Varela, presidente de la Republiqueta de Panamá

Panamá: COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA (CCPV)

MANIFIESTO AL PAIS

Reunidos en la comunidad de Nueva Concepción, corregimiento de Guasimo, con representantes de las comunidades de la región de Donoso, durante los días 26, 27, 28 y 29 de julio del año en curso, hemos conversado sobre la realidad actual que nos afecta.

1. Del atropello e irrespeto de las empresas mineras Petaquilla Gold y Minera Panamá, las cuales intentan sobornar a las comunidades campesinas a través de la oferta de becas, dinero, proyectos y cuanto puedan, aprovechándose de su situación de pobreza.  Desconociendo el rechazo de la población a estos proyectos durante los últimos cuatro gobiernos, las empresas mineras han desplegado una inmensa y costosa campaña propagandística para convencer a la opinión pública nacional y al campesinado en particular, de que estos proyectos son beneficiosos para el progreso del país.

2. A la de esta campaña en la que intentan aparecer como buenos, y con la complicidad del Gobierno Nacional, han logrado crear todo el marco legal para facilitar el saqueo de nuestro oro y cobre y demás minerales, y la destrucción de nuestros bosques.  Además del Contrato-Ley firmado entre el estado panameño y Minera Petaquilla y otras leyes que desconocen los derechos campesinos, ahora lograron eliminar la resolución que consideraba al distrito de Donoso como área  protegida, con lo cual se liberan de toda responsabilidad con el daño ecológico que puedan causar.  Es con ese conjunto de leyes que intentan hacer aparecer a nuestros lavadores de oro artesanales como ilegales, es decir delincuentes, haciéndolos responsables de la contaminación de los ríos.  Con la alianza de la clase dominante y sus partidos políticos, la minera dispone de los distintos poderes para desproteger la comunidad campesina y legalizar sus abusos.

3. Así como se pintan de mansas aves no dudan en amenazar y crear temores en las comunidades, para tratar de alejarlos de sus justas luchas y reclamos.  Disponen de los recursos económicos del gobierno para intentar esconder el origen de la pobreza en el campo y del  pueblo panameño.  Es así como hemos detectado que se viene diciendo en las comunidades que todas aquellas personas que  participen en reuniones o protestas contra las minas, les van a quitar el apoyo de la Red de Oportunidades, 100 para los 70 y la beca universal.

4. Todas estas acciones, que forman parte de la propuesta para mayor enriquecimiento de los sectores en el poder y las empresas transnacionales, no pueden sin embargo minimizar la dura realidad que viven las comunidades campesinas, condenadas por siempre a la miseria, a pésimas condiciones de salud, a una baja calidad de la educación, solo importantes para votar o como peones baratos.

A partir de esta situación la Coordinadora Campesina por la Vida manifiesta al país, pero por sobre todo a nuestros hermanos campesinos e indígenas y a los pobres de la ciudad que luchan por sus derechos:

1. Reafirmamos nuestra disposición de enfrentar a los proyectos mineros de extracción de oro y cobre a cielo abierto en nuestra región y todo el país, y la política de las clases dominante de entregar las riquezas del pueblo panameño, comprometiendo su soberanía y futuro como nación independiente  y sumiendo al pueblo en la pobreza y desesperanza  Esta decisión parte de la convicción de que estos proyectos, al igual que otro que se pretenden desarrollar en otras regiones campesinas e indígenas del país, no nos benefician económicamente de ninguna manera, son un saqueo de nuestros recursos naturales, afectan el medio ambiente, irrespetan nuestras tradiciones y nuestro derecho a la tierra.  Solo proyectos que consideren la participación y producción campesinas son realmente sustentables en las actuales condiciones.

2. Por encima de todas las leyes y resoluciones que se han creado para facilitar los proyectos mineros y el saqueo de nuestras tierras, bosques y agua, llamamos a todas las organizaciones campesinas de los corregimientos de Guasimo, Río Indio, Coclé del Norte, Gobea y San José El General (Coclesito), a dar pasos firmes para fortalecer nuestras organizaciones y acciones, como garantía de la defensa de nuestros derechos.  En especial a los lavadores de oro artesanal, que día con día batallan en las quebradas para conseguir sus sustento, les damos nuestros respaldo y los invitamos a que se organicen y pasen a la defensa de sus derechos y para convertirse en un alternativa diferente al saqueo de las empresas mineras.

3. Repudiamos toda la campaña de atemorización en contra de las comunidades.  Ciertamente no comulgamos con los proyectos engañosos orientados al sometimiento del campesinado,  como la Red de Oportunidades, porque no apunta en la solución de los problemas reales del campesinado, pero la amenaza de retirar ese apoyo, y otros, se constituye en un chantaje descarado para favorecer los intereses de quienes nos explotan.  A los hermanos campesinos les decimos: vivimos antes sin tener ninguno de esos apoyos, no nos van a matar si nos los quitan.

4. La Coordinadora Campesina por la Vida hace un llamado a sus miembros, organizaciones y personas amigas, a nuestros hermanos pobres de la ciudad, para redoblar esfuerzos en esta batalla por rescatar nuestra Patria y nuestra tierra.  Que sepan nuestros adversarios, los que intentan chupar nuestra sangre y nuestras riquezas, que intentan arrebatarnos nuestra identidad y dignidad, que no lo lograrán.  Que nuestra lucha no ha cesado y más que eso, se fortalece día con día, con cada destello de verdad que sale a la luz.  En ese sentido, queremos denunciar la actitud entregada de las autoridades municipales y locales (Alcalde y representantes de corregimiento), a quienes hacemos responsables de cualquier daño o atropello que se cometa contra las comunidades campesinas por parte de las empresas mineras, que intentan continuar el saqueo en la región del Cerro Pintamoso.

SI A LA VIDA, NO A LA MINERÍA

CON LA PATRIA Y POR LA TIERRA

COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA, 29 de julio de 2012.

Panamá: DE LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO. doc. 3

Victoriano Lorenzo, general
de la cholada guerrillera

LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN DE COSTA ABAJO DE COLON, CONVOCADAS POR LA COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA Y LA UNIÓN CAMPESINA JUAN PABLO II EN MARCHA, REUNIDAS EN ASAMBLEA EN LA CONUNIDAD DE VILLLA DEL CARMEN, DISTRITO DONOSO, COLÓN,  EL 5 DE FEBRERO DE 2011, CON LA PRESENCIA DEL GOBERANDOR DE LA PROVINCIA DE COLÓN, INGENIERO PEDRO RÍOS, Y DEL OBISPO DE COLÓN Y KUNA YALA, MONSEÑOR  AUDILIO AGUILAR Y AGUILAR, GRUPOS AMBIENTALISTAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, COMUNICAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL LO SIGUIENTE:

NUESTRO PROFUNDO RECHAZO A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y NUESTRA DISPOSICIÓN DE LUCHAR POR NUESTRAS TIERRAS Y POR NUESTRA VIDA.

Nuestro rechazo a actitudes de la Minera Petaquilla gold y Minera Panamá, como la de montar una Gira Médica apresurada en la comunidad de Miguelito, con el fin de hacer fracasar nuestra Asamblea campesina, que reunió de manera exitosa más de 600 personas.

Nuestras organizaciones (Coordinadora Campesina por la Vida y Unión Campesina Juan Pablo II en marcha) expresamos que no daremos nuestro brazo a torcer y en ese sentido exigimos que el Gobierno  declare una Moratoria a la actividad minera en todo el territorio nacional.

Los procesos de concesión están antecedidos del engaño, la manipulación, falsas promesas, amenazas e irrespeto a la propiedad del campesinado, como a la propiedad comunitaria, las que se facilitan por las debilidades institucionales y legales que permiten el abuso con absoluta impunidad.  Las instituciones destinadas a salvaguardar nuestra riqueza y patrimonio natural son Incapaces técnica y jurídicamente de detenerlos,  dejando a merced de las transnacionales a nuestras comunidades, en las que se asienta nuestra forma de producir y vivir.

Para  intentar acallar y dividir la comunidad campesino-indígena, en complicidad con los gobiernos de turno, se trasladan a estas empresas funciones propias del gobierno como la construcción, ampliaciones y mantenimiento  de escuelas y centros de salud, que según los contratos de concesión son deducibles de los bajos impuestos que pagan, por lo que estas obras resulta pagándolas el pueblo panameño, mientras nos quita la tierra y declara ilegal el lavado de oro en batea. Resulta humillante para nuestras comunidades el programa de comida caliente que impone a nuestros hijos en las escuelas.

Nuestros bosques, ríos y la rica fauna que los habita se encuentran doblemente amenazadas; en primera instancia por la devastación inclemente contra la naturaleza producto de la destrucción del suelo rico de nuestra región y la movilización de millones de toneladas de tierra; en segundo lugar por los procesos y  uso de sustancias altamente contaminantes e irresponsablemente manejados por las empresas mineras.

La propia naturaleza advierte que no perdonará el abuso que contra ella comete el hombre de corazón endurecido por la ambición  y el lucro.  Parte importante de la ciudad capital se encuentra hoy cumpliendo más de 40 días donde las mayorías empobrecidas que habitan las barriadas periféricas carecen de agua. En nuestra región el contrato con la nación autoriza a las empresa mineras al desvió de hasta el 90% del curso de los ríos, Lo cual significa que corremos el riesgo de que el cianuro contamine las aguas y viaje en las nubes convertido en lluvia acida que afectara nuestras comunidades y sus cultivos.

Si no somos capaces de detener este robo a la nación panameña, sino somos capaces de defender nuestra comunidad campesina al cabo de treinta años o cuando el precio en el mercado lo haga “no rentable” estas empresas mineras, en complicidad con sus socios ocultos, envés de estas región de montañas con sus ríos de abundante agua y  fauna, esta tierra fértil y esa mar Caribe que nos alimentan, como dispuso Dios, de abundante vida, nos heredarán un infierno improductivo y contaminado donde solo reinará la muerte.

Por ello a las  autoridades locales les exigimos la responsabilidad de expresar esta decisión de las comunidades por las que fueron electas y a las que se deben.

ANTE LA ACELERADA CARRERA POR LA MODIFICACION DEL CODIGO MINERO, entendemos que el código rige para toda las actividades de minería que se practican en el país.  Sin embargo rechazamos de plano el que se modifique el código para hacerlo a la medida de los intereses de las empresas mineras u otros intereses antinacionales. Se quiere legalizar la inversión de empresas estatales extranjeras en la minería, que ya existe, pero, que el actual código no permite. Preguntamos:¿No nos decían estos señores que la empresa estatal no sirve, que la solución es la empresa privada?    El ofrecimiento de que se van a aumentar las regalías y que se va a ser más estricto en relación a las sanciones por daños al medio ambiente no resuelve el problema central de la propuesta actual del desarrollo minero, es decir, a quién beneficiará y quién pagará el costo de dichos proyectos.  No tiene ningún sentido en el caso de Petaquilla y Minera Panamá, ya que estos proyectos están amparados en el contrato ley El Contrato-Ley 9 de 1997 que justifica jurídicamente todos los abusos de los mineros, al concederle innumerables beneficios por encima de cualquier ley que se haya hecho o se haga en el futuro.  Así lo expresa la cláusula 21 de dicho contrato cuando anota se regirá por las leyes “actuales y futuras”, siempre y cuando “tales leyes o disposiciones legales no le sean contrarias o sean inconsistentes o incompatibles con el Contrato”. Al buen entendedor, pocas palabras.  Sostenemos que no puede darse un proceso modificación sin la presencia de los sectores campesino –indígenas históricamente afectados por esta actividad, Y QUE SI TODAVÍA HAY EN LA ASAMBLEA DE DIPUTADOS ALGO DE DIGNIDAD Y PATRIOTISMO, DEBÌA SERVIR PARA ECHAR ABAJO ESTE DESCARADO SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS, QUE ADEMÁS PONE EN PELIGRO NUESTRAS VIDAS.

 EL CAMPO PANAMEÑO SIGUE SIENDO POBRE Y LOS PROBLEMAS EMPEORAN

Bajo la promesa de una vida mejor, de la creación de fuentes de trabajo y enriquecimiento, cientos de campesinos engañados son llevados a la pérdida de sus medios de vida. Bajo el pretexto de la lucha contra la pobreza es práctica de los gobiernos e instancias internacionales la realización de proyecto millonarios, cuyo beneficiario resultan ser la burocracia gubernamental, lo que no contribuye a crear las bases de un desarrollo  en el que la comunidad afiance su propiedad sobre la riqueza que la rodea.

En el área de la Educación seguimos confrontando múltiples dificultades que parecen no tener fin.  Pese a que se ha mejorado la condición física de la mayoría de las escuelas, no se puede asegurar que la calidad de la educación haya mejorado.  Aspiramos a que nuestros hijos culminen sus estudios completos, como está dispuesto constitucionalmente, en disciplinas que incrementen el desarrollo de nuestra región.  Pensamos en una secundaria completa con internado en el corazón de nuestra región, una extensión agrícola y veterinaria de la universidad, las carreras de arqueología y antropología, una unidad de ciencias médicas especializada en medicina tropical.  Proponemos el vínculo de la Universidad de Panamá y Tecnológica metida en la región a través de la investigación relacionada con problemas concretos de la región.

En el sector de la Salud  también son múltiples las dificultades.  Exigimos una mayor atención a los puestos de salud con sus respectivos ayudantes y que se fortalezca el vinculo con los curanderos para perfeccionar sus técnicas e incluso aprender de la medicina tradicional. Los gobiernos no han podido sostener ni han avanzado en la primera línea de atención, los puestos de salud se han convertido en bonitos sitios para los murciélagos, sin equipos, ni medicamentos, donde el pobre ayudante de salud por vergüenza y responsabilidad  incluso de su bolsillo provee algunos medicamentos. Sin los programas básicos de salud como la cobertura a niños, mujeres embarazadas, ancianos no tienen alcance. Hay que tener presente que con la incursión de la minería a cielo abierto se incrementarán también los riesgos de salud sobre la población y aparecerán nuevos males como la prostitución y el alcoholismo con su secuela de violencia familiar y nuevas enfermedades producto del trabajo y el deterioro del ambiente.

Entendemos que el desarrollo de la región de Costa Abajo debe preservar para el campesinado-indígena y la población costera las riquezas y recursos en los que viven.  Es poco lo que los gobiernos han hecho en este sentido. Una particularidad del área es la riqueza del paisaje de sus montañas y costas.  Este es un recurso que debe servir a las diversas comunidades como fuente de ingreso y no convertirnos en meseros y mucamos, es decir, en una nueva especie de sirvientes que viven con la mentalidad de la dependencia de los amos blancos, que vienen a turistear.  Lo que nosotros queremos es la Producción agrícola, porque de eso sabemos y de eso vivimos, y porque producir raíces y tubérculos, cocos, arroz y maíz, nos hace más libres y menos dependientes.  La posibilidad de un desarrollo agrícola que dé nuevas posibilidades de superación a la población del distrito es un hecho ya probado y las capacidades para ello existen en la región.  Lo que hace falta es generar procesos que contribuyan a la incorporación real de las organizaciones en la toma de decisiones y que se creen los mecanismos legales y económicos que permitan la incorporación del campesinado en la producción.  Significa mejorar el acceso al crédito agrícola a bajos intereses, significa reducir sustancialmente los impuestos que deben asumir y pagar los productores campesinos, significa crear mecanismos serios y responsables en el manejo de la comercialización.

Desde nuestro punto de vista se hace imprescindible para el cuidado del medio ambiente que todos asumamos compromisos serios.  En esta tarea corresponde un papel fundamental a las autoridades locales, los representantes de corregimiento y Alcalde, ya que tienen en sus manos la posibilidad de proponer y modificar acciones legales y administrativas que permitan un ambiente sano y seguro para la población y las futuras generaciones.  Una alternativa viable fortalecer el Distrito de Donoso como una reserva vida natural.  No debemos olvidar que Donoso tiene dos terceras partes de su territorio cubierto de bosques y es parte importante del Corredor biológico mesoamericano, situaciones que los mineros persisten en desconocer.  Hay que declarar nuestro distrito como región libre de la minería a cielo abierto, porque está demostrado a nivel mundial que este tipo de minas son lo más destructivo que existe. 

Queremos dejar por escrito nuestra disposición a asumir con todos los medios a nuestro alcance la construcción de una propuesta de desarrollo en la que tengamos voz, voto y participación.  Pero si esa posibilidad se nos niega, tendremos entonces que negar todas las cosas que nos atropellan y nos niegan una vida digna y justa.

Si ANAM no detiene los abusos de las grandes empresas mineras, nosotros no tenemos por qué respetar sus leyes, las cuales en la mayoría de los casos reprimen nuestras formas de producción, sin ofrecer alternativas.

Si el Gobierno panameño le da tantos privilegios y exoneraciones a las grandes empresas en el pago de impuestos, nosotros, que tenemos menos, no tenemos por qué pagar impuestos.

Si a las empresas que extraen oro, plata, cobre y platino se les declara legales, nosotros declaramos que nuestros hermanos que lavan oro en las quebradas con batea son mas legales y con más derechos que ellos.

Si esta tierra en la que nacimos y que nos da vida se pretende regalar por unos centavos a unas pocas empresas extranjeras, no hay razón moral para que nosotros tengamos que pagar por la titulación de nuestras tierras.

LAS REFORMAS AL CODIGO MINERO ESTAN  EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL CAMPESINADO Y DE NUESTRO PAÍS, Y POR ESA RAZÓN LAS DESCONOCEMOS Y RECHAZAMOS.

Panamá: DE LA LUCHA DE CLASES EN EL CAMPO. doc. 2

DECLARACIÓN DEL PUEBLO Y COMUNIDADES DEL CORREGIMIENTO

DE GUASIMO SEPTIEMBRE 2010

Victoriano Lorenzo, general
de la cholada guerrillera

En cada momento de nuestra historia que el capitalismo ha ingresado al campo esto significó para nuestras comunidades la perdida de nuestras tierras, la destrucción de nuestra forma de vida, nuestra cultura, libertad y hasta la propia vida. Otra de las características de estas incursiones del capital al sector agrícola ha sido la carencia de propuestas para la incorporación y la existencia de nuestras formas de propiedad y producción, probadas desde los tiempos precoloniales.  Por el contrario ha sido perseguida, aislada, explotada y expropiada por el capital nacional y extranjero.

El desarrollo del capitalismo europeo fue sufragado con las riquezas minerales y trabajo esclavo   de nuestra América. En el caso especifico de nuestro país; una clase domínate sin sentido de pertenencia a este pedazo de suelo, entregó la soberanía, independencia y nuestra dignidad de nación, desconociendo las convicciones y la entrega de muchas vidas istmeñas. Solo para poner al país a disposición de los intereses desmedidos de los Estados Unidos se entregó la parte céntrica de país, primero para la construcción del ferrocarril,  luego para la construcción del canal, ambas con nefastas consecuencias tanto para el conjunto de pueblo panameño como para el sector campesino. Solo para mencionar algunas diremos cómo el hecho de partir el país en dos afectó el desarrollo del campo  y de la misma ciudad de Panamá, privilegiando siempre un grupo de familias que se hicieran millonarias a costa de sacrificar la soberanía que si da de comer pero a unos pocos en el país actual.

Entre los años 40 y 60 del siglo pasado los pequeños productores que abastecían las capitales de provincias y el mercado capital perdieron esa actividad a partir de las propuestas de “Sustitución de importaciones” y la “Alianza para el Progreso” que fortalecieron a los grandes empresarios capitalistas su control de  la producción hacia el mercado interno, dejando de lado a los pequeños y medianos productores del campo.  La implementación y fortalecimiento del sector importador terminó por liquidar los esfuerzos de estos sectores del campo por garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población.

Respondiendo nuevamente a intereses externos los gobiernos de la clase dominante de la sociedad panameña han impulsado políticas que atentan contra los intereses del pueblo panameño, en general, y del campesinado en particular.  Todas ellas al amparo de la propuesta global de capitalismo financiero internacional conocida como neoliberalismo, que no es más que un nuevo intento de controlar mercados y recursos de otros pueblos para beneficio de los estados poderosos y grandes empresas.  Por diversos medios han impuesto los famosos Tratados de Libre Comercio, logrados a través de las instituciones internacionales  como la OMC, FMI  y el Banco Mundial, todas al servicio del gran capital.  También cuentan con la fuerza militar como la que tienen en el medio oriente y últimamente en Costa Rica, sin olvidar a sus aliados internos, los que ponen a su servicio las estructuras del Estado como son la Asamblea, los tribunales, policías, instituciones autónomas como Anam, además de los medios de comunicación y la jerarquía eclesiástica.

Los hemos visto hacer leyes para apoderarse de las actividades y empresas más rentables del Estado a través de las privatizaciones.  De igual forma hacen leyes y decretos para privatizar las costas, playas y ríos, desconociendo el derecho de posesión sobre nuestras tierras.   Con la mentira de las concesiones se reparten las aguas, la riqueza del subsuelo y las montanas entre compañías extranjeras y esta clase dominante.

REUNIDOS EN LA COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA expresamos nuestro rotundo rechazo a las políticas que vienen ejecutando los distintos gobiernos y partidos que han asumido la dirección de gobierno durante los últimos 20 años en alianza con el capital transnacional. Los programas ejecutados por el gobierno durante estos periodos no hacen ningún esfuerzo para superar la situación social que vivimos en el campo, más bien ésta se utiliza como excusa para grandes inversiones cuyos resultados no se ven y los recursos van a parar a la manos de unos cuantos a través de un sistema de corrupción  montado con la complicidad del los gobiernos de turnos y la empresa privada.  Este es el origen  de sus cuantiosas fortunas.

Con la complicidad del gobierno y la empresa privada se ha desatado una voraz ofensiva de acaparamiento y especulación de la tierra.  Esta situación la sufren nuestros humanos de la ciudad engañados por constructores de barriadas que estafan los ahorros de humildes pobladores, mientras que a otros los empujan a vivir en condiciones de aislamiento donde les son negados los más elementales servicios públicos. Igual ocurre en nuestro campo donde miles de campesinos son obligados e inducidos  a vender sus tierras o se les quitan en tramoyas legales.  A esto le agregamos los millones de hectáreas cedidas en concesiones a grandes empresas mientras los panameños viven en mayor hacinamiento  y condiciones insalubres.

Las empresas que en complicidad con los gobiernos de la mal llamada democracia propician y encubren las violaciones a las ya ineficientes leyes que rigen sobre el tema de las Minas; las que permiten los abusos a las comunidades y sus moradores, la devastación de montanas, contaminación de  ríos, el robo a la nación panameña evadiendo la declaración de minerales; que ha comprometido la seguridad y existencia de más de 14 comunidades del área de Coclesito, ahora intentan expandir su actividad destructora y mortal hacia nuestra área de Caño Sucio.

Nuestra organización ha recorrido un largo trayecto de lucha enfrentando los abusos de las mineras y su complicidad con los gobiernos, que  se inició con la condena, por nuestra parte, de un contrato amañado donde el Estado asume alto costos de la actividad, entrega exageradas concesiones de tierra y pierde control sobre los proceso de explotación minera, comprometiendo valiosos recursos del pueblo.  Entre los múltiples atropellos que han cometido se pueden destacar el inicio de operaciones sin la aprobación del estudio de impacto ambiental, grandes deficiencia técnicas en la operación de la mina de Petaquilla, las violaciones de derechos laborales, violaciones a normas de seguridad laboral, la amenaza y violencia contra comunidades enteras y dirigentes, que incluyen quemas de viviendas y maltrato físico, intentos de sobornos, irrespeto a la propiedad de las familias campesinas, venta obligada de tierras, apropiación de tierras comunales, campañas engañosos hacia las comunidades, contaminación de las agua de los ríos con sustancias peligrosas y devastación de aéreas de montañas.

Nadie entiende mejor el vínculo que hay entre los hombres y la tierra que los ve nacer que nosotros los campesinos. Nadie tiene una idea más palpable de PATRIA y su relación con la tierra que nosotros los campesinos.  Eso explica nuestra incorporación a la lucha independentista de siglo XIX y de la incorporación de centenares de campesinos tras la dirección de Victoriano Lorenzo en la guerra civil que se libró en Colombia, de la cual formábamos parte en los inicios del  siglo XX.

Ese vínculo, esa relación y vivencia con la tierra, de la cual dependen nuestras vidas es la que nos obliga a plantearnos la lucha por su defensa, porque en ello está también incluido el futuro de nuestros hijos y nietos, de nuestras comunidades, de nuestra cultura, de nuestro modo de vivir.  No es una protesta contra el llamado “Desarrollo” que se nos impone, sino un llamamiento por EL DESARROLLO QUE QUEREMOS. 

SI DESARROLLO ES DESTRUIR NUESTROS BOSQUES, SAQUEAR NUESTRAS RIQUEZAS, ACABAR CON LA PRODUCCIÓN Y LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, ENTONCES ESE DESARROLLO NO LO QUEREMOS.

Como campesinos exigimos el cuidado de las riquezas naturales, que han pasado de una generación a otra y que son patrimonio del pueblo panameño.  Atendiendo a lo que hemos podido analizar en estos últimos años, consideramos imprescindible que SE SUSPENDAN TODOS LAS CONCESIONES Y PROYECTOS MINEROS que se ejecutan actualmente en el país, ya que además de los problemas ambientales y ecológicos que se están dando y se darán, son un robo descarado de nuestras riquezas.  Eso plantea a su vez la derogación de los Decretos y leyes que regulan actualmente la actividad minera de metales, por considerar que facilitan la extracción de recursos sin ningún beneficio para el país.  En su lugar ha de darse cabida a nuevas propuestas de desarrollo realmente sustentables, lo cual significa que deben considerar en primer orden las aspiraciones y capacidades de las comunidades campesinas ya existentes en al región.

En esta tarea por la defensa de nuestros recursos naturales y la dignidad de las comunidades toca una importante responsabilidad a las autoridades locales, distritales y provinciales, quienes se deben en primera instancia a las comunidades que los eligieron.  Por ello, por el derecho que nos corresponde como ciudadanos legítimos de este país, demandamos una gestión gubernamental comprometida en primera instancia con nuestros intereses, que se vea reflejada en todas las actividades y programas que desarrollan los legisladores, alcaldes y representantes de corregimiento de nuestra región.

Por muchos años nuestros enemigos han querido mantener separados los diferentes sectores de nuestro pueblo, con el fin de debilitar sus luchas y mantener engañados a cada uno por su lado.  Desde siempre han querido separar al negro del indio, al campesino de la gente de la ciudad, inventando mil prejuicios que siempre buscan favorecer la posición y la imagen de los ricos y de la gente en el poder.  Esa actitud y acciones son hoy más evidentes que nunca, cuando se quiere presentar al campesino de nuestra región como gente contraria al desarrollo y el progreso.  Por ello hacemos un llamado urgente a los sectores populares de nuestro país, y principalmente al movimiento popular de la provincia de Colón a que se sume e manera activa a la laucha pro la defensa de nuestra tierra y nuestra riqueza, que también les pertenece.

Si ese llamado es importante para los hermanos  trabajadores, estudiantes, amas de casa, y demás sectores de la ciudad, lo es en mayor medida para nuestros hermanos campesinos e indígenas, quienes se enfrentan a iguales condiciones en otras partes de nuestro país.  Quizás esa lucha sea frente a un proyecto hidroeléctrico, o frente a una concesión minera o turística, como sea, se trata del reparto que han desatado los depredadores de tierra, que quieren hacer a su antojo lo que sea para seguir enriqueciéndose.  Hermanos del campo, tenemos que unir nuestras acciones y esfuerzos, ASÍ COMO LAS QUEBRADAS SE JUNTAN PARA HACER RIOS, Y LAS LOMAS Y CERROS HACEN CORDILLERAS.

Resulta importante destacar que entre los múltiples esfuerzos que hay que seguir haciendo, a las comunidades del distrito de Donoso, y en especial al sector de Coclesito y Guasimo, les corresponde un papel de primera línea, ya que se encuentran directamente afectadas por la labor de las mineras Petaquilla y Minera Panamá.   A esas comunidades les corresponde una importante labor de resistencia y denuncia, que debe alimentar el accionar de nuestra organización y de las demás comunidades campesinas para desenmascarar las verdades sobre el robo y daño que realizan las mineras.

En ese mismo afán nuestra Coordinadora Campesina debe hacer un serio análisis de su experiencia y situación actual, con el fin de hacer frente a nuestras deficiencias, para corregirlas, y fortalecer el trabajo que hemos hecho hasta hoy.

Se puede decir que nuestra principal fuerza viene dada por el arraigo y la evolución de las acciones que hemos realizado.  Desde las acciones en las comunidades se pasa a acciones locales en determinados sectores frente a problemáticas particulares (impuestos, obras locales, oposición a INRENARE y ANAM, etc.).  Luego se pasa a un nivel regional con la creación de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE). Superado el conflicto por la ampliación del canal, hay un salto en el contenido del movimiento, enfocándose en un plano más integral de la región, pasando a convertirse en Coordinadora Campesina Por la vida.

Las posibilidades de avance de nuestra Coordinadora descansan en la independencia del movimiento.  Independencia significa que la Coordinadora Campesina por la Vida ha logrado ir precisando sus objetivos y metas en el conflicto, depurando a la vez su relación política con otras instituciones y organizaciones.  El movimiento, que no hace distinción por la adhesión política de sus miembros, surge vinculado las comunidades eclesiales de base, algunas ONG y universitarios.  Una primera separación se da con los partidos políticos electorales, a los cuales se les niega cualquier tipo de adhesión u orientación.  Sin embargo la diferenciación más importante ocurre en relación a la iglesia Católica, la cual desde su perspectiva conservadora considera a la CCPV como potencialmente peligroso a sus intereses en la región.  Para ello retira al equipo de misioneros Claretianos de la región, que habían jugado un papel importante en la promoción de la movilización contra los embalses, y hace una purga en la pastoral Social-Caritas, la cual había canalizado importantes recursos económicos para la organización.  Es decir, la ruptura, parte desde la jerarquía de la Iglesia Católica.

Debemos tener confianza en que podemos producir un cambio en la región por la experiencia acumulada por la organización y los resultados obtenidos en conflictos anteriores.  No debemos olvidar que hemos sido capaces de hacer muchas cosas, comenzando por nuestra propia subsistencia.  Hemos sido los que construimos los caminos, las escuelas, los acueductos, las capillas.  Logramos sostener nuestros medios de producción, a pesar de las medidas restrictivas de corte conservacionista que legalizó el gobierno a través de INRENARE y ANAM.  Pudimos hacer frente al gobierno, la Autoridad del Canal y toda una campaña propagandística e intimidadora, para contribuir a rechazar la creación de tres embalses artificiales en la región.  Esa certeza quedó expresada cuando señalamos que "Dure lo que dure, cueste lo que cueste, si luchamos como hermanos, esta lucha la ganamos!"

A pesar de eso debemos reconocer que existen ciertas fallas que debemos corregir.  Uno de ellos es el aspecto de orden económico toda vez que limita de manera importante, no ya la permanencia de los activistas, sino la posibilidad de llevar a cabo algunas acciones y propuestas.  Importante es señalar que la CCPV nunca ha tenido recursos para malgastar y aun cuando en algún momento hubo un apoyo importante de la iglesia a través de la Pastoral Social-Cáritas para la movilización fuera de la región, el sostén económico principal ha sido el aporte de sus propios miembros.  Es necesario que preparemos una propuesta más firme de cara a garantizar el sostenimiento de la organización.

En relación a las limitantes de orden político las mismas vienen dadas por dos factores.  Por un lado por las acciones desarrolladas desde la esfera estatal y de las empresas en contra del movimiento campesino y, por el otro, por la falta de una propuesta de desarrollo ordenada y explícita de la CCPV. 

No ayuda el hecho de que no hayamos ordenado una propuesta de desarrollo, por más rudimentaria que esta sea.  Ciertamente hemos dicho que “Creemos que otros proyectos, otro desarrollo, otros modelos de sociedad son posibles y nosotros tenemos mucho que aportar”, “la CCPV fortalecerá y ampliará sus objetivos para encaminarse a la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, pero para encaminarse hacia un cambio es preciso dar a conocer esa imagen que se tiene del futuro, no a los adversarios, sino principalmente a nuestra propia gente y a todos los sectores que potencialmente se pueden sumar a nuestra lucha.

Se requiere además de un plan político de acción para llevar a cabo esa propuesta.  Esto es una necesidad impostergable si se tiene presente que la propuesta no se va a ejecutar solo porque es “buena” o se ve bonita, entendiendo que no estamos solos en esta lucha.  Aun en la posibilidad de que el gobierno se incluya en la ejecución de una propuesta de desarrollo, no dejará por eso de tratar de cambiar la situación en su favor.  En ese sentido, se deben prever acciones encaminadas a cambiar la correlación política a favor de la propuesta campesina.  Esto debe hacerse también en el plano de la formación de conciencia de nuestros compañeros.  En este momento eso es crucial.

CCPV, 16 de octubre 2010

Panamá: DE LA LUCHA DE CLASE EN EL CAMPO

COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA (CCPV)

Victoriano Lorenzo, general
de la cholada guerrillera

ALTO AL ATROPELLO DE LAS MINERAS

Desde hace un tiempo considerable hemos venido haciendo frente a diferentes atropellos contra nuestras comunidades.  Esta tierra que hemos ganado con tanto sudor y sufrimiento se nos quiere arrebatar para darle privilegio a proyectos que solo ofrecen migajas hoy hambre y desolación para mañana.  Se quiere abrir las entrañas de nuestra tierra para sacar el oro, la plata y el cobre, para dejarnos solo tierras estériles, contaminación y más pobreza.

La herida de Petaquilla ya está abierta, chupando el oro de nuestro suelo y sin resolver los profundos problemas de nuestras comunidades.  Ahora se intenta profundizar esa herida a través de la explotación del cobre.  Aparece al frente la Empresa Inmet Mining de Canadá, dueña de Minera Panamá, S. A. y socia mayoritaria del Grupo Petaquilla.  Además del saqueo del oro, quieren extraer más de 8 millones de toneladas de cobre, a cambio de migajas que no beneficiarán a nuestra región ni a corto ni largo plazo.

Considerando la importancia y la gravedad de esta situación con las empresas mineras, nuestra Coordinadora Campesina por la Vida sustenta su RECHAZO A TODOS LOS PROYECTOS MINEROS que se ejecutan en el país, y en particular en Donoso, a partir de las siguientes consideraciones:

1. Ningún proyecto minero es sustentable a largo plazo.  La minería es una actividad extractiva a corto plazo con efectos negativos a largo plazo en los recursos naturales y en todos los aspectos de la actividad humana.

2. Existen elementos suficientes para desconfiar de las empresas mineras y su manejo del medio ambiente.

®     El grupo Petaquilla inició de manera ilegal de la construcción de la mina de Molejón el 1 de enero de 2005 sin haber presentado y aprobado el Estudio de Impacto Ambiental.

®     De igual forma el Proyecto de Oro Molejón inició sus operaciones el 7 de abril de 2009, sin haber cumplido con todos y cada uno de los 40 nuevos requisitos exigidos en su momento por la ANAM.

®     Los proyectos mineros que se desarrollan en Donoso destruyen el Corredor Biológico Mesoamericano.

®     La empresa canadiense Inmet Mining (que es la dueña real de los proyectos) tiene antecedentes de mal manejo ambiental en otros países.  En España, en la mina de cobre Las Cruces, se le han levantado dos “expedientes sancionadores” en 2008 y 2010, por el delito ambiental de contaminación.  Recibió el pasado marzo un revés judicial en Turquía contra un proyecto en ese país.  Un informe del Banco Mundial solicitó en 2000 el cierre inmediato de la mina Ok Tedi en Papúa Nueva Guinea, participada en un 18% por Inmet Mining. Esta mina vierte 80.000 toneladas de residuos al río, según los ecologistas.

®     Entre 17 y 19 de agosto del año en curso ocurrió un derrame de las tinas de relavede Petaquilla, denunciado por las comunidades cercanas al proyecto y que la minera se apuró a desmentir.  ¿Quién garantiza que no se vuelvan a dar otros derrames?

3.   Igual que antes se niega la información bajo comportamiento malicioso. El proyecto de cobre, a cargo de Minera Panamá, ha realizado un estudio de impacto ambiental que nos ha costado 17 millones de dólares y que cuenta con más de 14 mil páginas, a las cuales no pudimos tener acceso, tanto porque no había copia electrónica disponible en la “Dirección Nacional” de la ANAM en Panamá, como por el hecho de no tener a mano 1,400 dólares para sacarle copia. Nuevamente se prepara otro “show” donde la minera hará gala de virtuosas exposiciones acerca de las bondades del proyecto de cobre, con una audiencia complaciente, traída a propósito para este espectáculo.  Asistimos a un evento en donde, como en casos anteriores, lo que se busca es legalizar el atraco a los recursos de los panameños, luego del cual se desatará una serie de actos represivos contra las comunidades rurales, en los que participan las mismas entidades del estado cuya fundamental responsabilidad debiera ser el salvaguardar los interese de la población.  Pese a todo tenemos elementos de juicio que cuestionan dicho estudio de impacto ambiental.

4.  El Contrato-Ley 9 de 1997 sigue siendo la justificación jurídica que permite todos los abusos de los mineros, al concederle innumerables beneficios por encima de cualquier ley que se haya hecho o se haga en el futuro.  Casi como decir que ni Dios mismo puede cambiar ese contrato.

5.   La actitud del Gobierno Nacional sigue siendo la de favorecer el desarrollo de los proyectos mineros, aun conociendo los múltiples malestares y manifestaciones de nuestras comunidades campesinas y de organizaciones ecologistas y sociales, nacionales y extranjeras.  Existe además una deficiente legislación y estructura del Estado panameño para garantizar la fiscalización en el cumplimiento de las normas y estudios de impacto, así como el control de los supuestos beneficios de esta actividad. Cómo puede hacerlo con tan solo tres inspectores de minas y un equipo de laboratorio con dos químicos y cinco asistentes a nivel nacional, mal pagados todos.

6. Desde nuestros intereses y del conjunto de la nación panameña los proyectos mineros son un gran robo, una gran estafa. Quienes proclaman los múltiples beneficios de las minas ocultan el hecho de que cualquier pago de la mina, pasa porque ellos primero saquen la inversión que están haciendo.  Ocultan que esas inversiones que están haciendo incluyen la supuesta ayuda que hacen a las comunidades.  Es decir, al final la estamos pagando nosotros mismos.  Ocultan que solo entregarán un 2% de regalías, lo que equivale a decir que solo darán 2 dólares de cada 100 que se ganen. Pero además de todo eso, después que se lleven todo el oro, la plata y el cobre, que será dentro de pocos años, nos dejarán miles de hectáreas contaminadas, deforestadas, con ríos desviados, con miles de especies animales y vegetales afectadas, y lo que es peor con comunidades destruidas, más o igual de pobres, profundamente afectadas en su salud, en su agricultura y sus costumbres.

Frente al atropello de las mineras decimos con toda la fuerza que nos da la razón, que pese a todas sus maniobras y afán de enriquecimiento nosotros pensamos que vale millones de veces más la vida de cualquier niño, mujer, anciano o joven campesino que vive en nuestras tierras. 

¿Es que acaso los campesinos no somos seres humanos con dignidad y derechos igual a cualquier otro panameño y ser humano en la tierra?

Frente a tanta injusticia, la Coordinadora Campesina Por la Vida  invita a las comunidades campesinas de nuestra región a seguir manteniendo una actitud firme y fuerte contra los proyectos mineros que nos amenazan.  Invitación que hacemos extensa a las organizaciones sociales y gremiales de nuestro Panamá, en particular las colonenses, y a todas las organizaciones internaciones preocupadas por la problemática.

Con total convencimiento manifestamos que la mejor forma de lograr un desarrollo digno, humano y verdadero en nuestra región es fortaleciendo la agricultura campesina y eliminando todos los proyectos que no ofrecen ningún sustento para el futuro.

CON LA PATRIA Y POR LA TIERRA

COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA (CCPV)

5 de noviembre de 2010