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| Victoriano Lorenzo, general de la cholada guerrillera |
LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGIÓN DE COSTA ABAJO DE COLON,
CONVOCADAS POR LA COORDINADORA CAMPESINA POR LA VIDA Y LA UNIÓN CAMPESINA JUAN
PABLO II EN MARCHA, REUNIDAS EN ASAMBLEA EN LA CONUNIDAD DE VILLLA DEL CARMEN,
DISTRITO DONOSO, COLÓN, EL 5 DE FEBRERO
DE 2011, CON LA PRESENCIA DEL GOBERANDOR DE LA PROVINCIA DE COLÓN, INGENIERO
PEDRO RÍOS, Y DEL OBISPO DE COLÓN Y KUNA YALA, MONSEÑOR AUDILIO AGUILAR Y AGUILAR, GRUPOS
AMBIENTALISTAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, COMUNICAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL LO SIGUIENTE:
NUESTRO PROFUNDO RECHAZO A LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y NUESTRA
DISPOSICIÓN DE LUCHAR POR NUESTRAS TIERRAS Y POR NUESTRA VIDA.
Nuestro rechazo a actitudes de la
Minera Petaquilla gold y Minera Panamá, como la de montar una Gira Médica
apresurada en la comunidad de Miguelito, con el fin de hacer fracasar nuestra
Asamblea campesina, que reunió de manera exitosa más de 600 personas.
Nuestras organizaciones
(Coordinadora Campesina por la Vida y Unión Campesina Juan Pablo II en marcha)
expresamos que no daremos nuestro brazo a torcer y en ese sentido exigimos que
el Gobierno declare una Moratoria a la
actividad minera en todo el territorio nacional.
Los procesos de concesión están
antecedidos del engaño, la manipulación, falsas promesas, amenazas e irrespeto
a la propiedad del campesinado, como a la propiedad comunitaria, las que se
facilitan por las debilidades institucionales y legales que permiten el abuso
con absoluta impunidad. Las
instituciones destinadas a salvaguardar nuestra riqueza y patrimonio natural
son Incapaces técnica y jurídicamente de detenerlos, dejando a merced de las transnacionales a
nuestras comunidades, en las que se asienta nuestra forma de producir y vivir.
Para intentar acallar y dividir la comunidad
campesino-indígena, en complicidad con los gobiernos de turno, se trasladan a
estas empresas funciones propias del gobierno como la construcción,
ampliaciones y mantenimiento de escuelas
y centros de salud, que según los contratos de concesión son deducibles de los
bajos impuestos que pagan, por lo que estas obras resulta pagándolas el pueblo
panameño, mientras nos quita la tierra y declara ilegal el lavado de oro en
batea. Resulta humillante para nuestras comunidades el programa de comida
caliente que impone a nuestros hijos en las escuelas.
Nuestros bosques, ríos y la rica
fauna que los habita se encuentran doblemente amenazadas; en primera instancia
por la devastación inclemente contra la naturaleza producto de la destrucción
del suelo rico de nuestra región y la movilización de millones de toneladas de
tierra; en segundo lugar por los procesos y
uso de sustancias altamente contaminantes e irresponsablemente manejados
por las empresas mineras.
La propia naturaleza advierte que
no perdonará el abuso que contra ella comete el hombre de corazón endurecido
por la ambición y el lucro. Parte importante de la ciudad capital se
encuentra hoy cumpliendo más de 40 días donde las mayorías empobrecidas que
habitan las barriadas periféricas carecen de agua. En nuestra región el
contrato con la nación autoriza a las empresa mineras al desvió de hasta el 90%
del curso de los ríos, Lo cual significa que corremos el riesgo de que el
cianuro contamine las aguas y viaje en las nubes convertido en lluvia acida que
afectara nuestras comunidades y sus cultivos.
Si no somos capaces de detener
este robo a la nación panameña, sino somos capaces de defender nuestra
comunidad campesina al cabo de treinta años o cuando el precio en el mercado lo
haga “no rentable” estas empresas mineras, en complicidad con sus socios
ocultos, envés de estas región de montañas con sus ríos de abundante agua
y fauna, esta tierra fértil y esa mar
Caribe que nos alimentan, como dispuso Dios, de abundante vida, nos heredarán
un infierno improductivo y contaminado donde solo reinará la muerte.
Por ello a las autoridades locales les exigimos la
responsabilidad de expresar esta decisión de las comunidades por las que fueron
electas y a las que se deben.
ANTE LA ACELERADA CARRERA POR LA MODIFICACION DEL CODIGO MINERO,
entendemos que el código rige para toda las actividades de minería que se
practican en el país. Sin embargo
rechazamos de plano el que se modifique el código para hacerlo a la medida de
los intereses de las empresas mineras u otros intereses antinacionales. Se
quiere legalizar la inversión de empresas estatales extranjeras en la minería,
que ya existe, pero, que el actual código no permite. Preguntamos:¿No nos
decían estos señores que la empresa estatal no sirve, que la solución es la
empresa privada? El ofrecimiento de
que se van a aumentar las regalías y que se va a ser más estricto en relación a
las sanciones por daños al medio ambiente no resuelve el problema central de la
propuesta actual del desarrollo minero, es decir, a quién beneficiará y quién
pagará el costo de dichos proyectos. No
tiene ningún sentido en el caso de Petaquilla y Minera Panamá, ya que estos
proyectos están amparados en el contrato ley El Contrato-Ley 9 de 1997 que justifica jurídicamente todos los abusos
de los mineros, al concederle innumerables beneficios por encima de cualquier
ley que se haya hecho o se haga en el futuro.
Así lo expresa la cláusula 21 de dicho contrato cuando anota se regirá
por las leyes “actuales y futuras”, siempre y cuando “tales leyes o
disposiciones legales no le sean contrarias o sean inconsistentes o
incompatibles con el Contrato”. Al buen entendedor, pocas palabras. Sostenemos que no puede darse un proceso
modificación sin la presencia de los sectores campesino –indígenas
históricamente afectados por esta actividad, Y QUE SI TODAVÍA HAY EN LA
ASAMBLEA DE DIPUTADOS ALGO DE DIGNIDAD Y PATRIOTISMO, DEBÌA SERVIR PARA ECHAR
ABAJO ESTE DESCARADO SAQUEO DE NUESTROS RECURSOS, QUE ADEMÁS PONE EN PELIGRO
NUESTRAS VIDAS.
EL CAMPO PANAMEÑO SIGUE SIENDO
POBRE Y LOS PROBLEMAS EMPEORAN
Bajo la promesa de una vida
mejor, de la creación de fuentes de trabajo y enriquecimiento, cientos de
campesinos engañados son llevados a la pérdida de sus medios de vida. Bajo el
pretexto de la lucha contra la pobreza es práctica de los gobiernos e
instancias internacionales la realización de proyecto millonarios, cuyo
beneficiario resultan ser la burocracia gubernamental, lo que no contribuye a
crear las bases de un desarrollo en el
que la comunidad afiance su propiedad sobre la riqueza que la rodea.
En el área de la Educación seguimos confrontando múltiples
dificultades que parecen no tener fin.
Pese a que se ha mejorado la condición física de la mayoría de las
escuelas, no se puede asegurar que la calidad de la educación haya
mejorado. Aspiramos a que nuestros hijos
culminen sus estudios completos, como está dispuesto constitucionalmente, en
disciplinas que incrementen el desarrollo de nuestra región. Pensamos en una secundaria completa con
internado en el corazón de nuestra región, una extensión agrícola y veterinaria
de la universidad, las carreras de arqueología y antropología, una unidad de
ciencias médicas especializada en medicina tropical. Proponemos el vínculo de la Universidad de
Panamá y Tecnológica metida en la región a través de la investigación
relacionada con problemas concretos de la región.
En el sector de la Salud
también son múltiples las dificultades.
Exigimos una mayor atención a los puestos de salud con sus respectivos
ayudantes y que se fortalezca el vinculo con los curanderos para perfeccionar
sus técnicas e incluso aprender de la medicina tradicional. Los gobiernos no
han podido sostener ni han avanzado en la primera línea de atención, los
puestos de salud se han convertido en bonitos sitios para los murciélagos, sin
equipos, ni medicamentos, donde el pobre ayudante de salud por vergüenza y
responsabilidad incluso de su bolsillo
provee algunos medicamentos. Sin los programas básicos de salud como la
cobertura a niños, mujeres embarazadas, ancianos no tienen alcance. Hay que
tener presente que con la incursión de la minería a cielo abierto se
incrementarán también los riesgos de salud sobre la población y aparecerán
nuevos males como la prostitución y el alcoholismo con su secuela de violencia
familiar y nuevas enfermedades producto del trabajo y el deterioro del
ambiente.
Entendemos que el desarrollo de la región de Costa Abajo
debe preservar para el campesinado-indígena y la población costera las riquezas
y recursos en los que viven. Es poco
lo que los gobiernos han hecho en este sentido. Una particularidad del área es
la riqueza del paisaje de sus montañas y costas. Este es un recurso que debe servir a las
diversas comunidades como fuente de ingreso y no convertirnos en meseros y
mucamos, es decir, en una nueva especie de sirvientes que viven con la
mentalidad de la dependencia de los amos blancos, que vienen a turistear. Lo que
nosotros queremos es la Producción agrícola, porque de eso sabemos y de eso
vivimos, y porque producir raíces y tubérculos, cocos, arroz y maíz, nos
hace más libres y menos dependientes. La
posibilidad de un desarrollo agrícola que dé nuevas posibilidades de superación
a la población del distrito es un hecho ya probado y las capacidades para ello
existen en la región. Lo que hace falta
es generar procesos que contribuyan a la incorporación real de las
organizaciones en la toma de decisiones y que se creen los mecanismos legales y
económicos que permitan la incorporación del campesinado en la producción. Significa mejorar el acceso al crédito
agrícola a bajos intereses, significa reducir sustancialmente los impuestos que
deben asumir y pagar los productores campesinos, significa crear mecanismos
serios y responsables en el manejo de la comercialización.
Desde nuestro punto de vista se hace imprescindible para el cuidado del
medio ambiente que todos asumamos compromisos serios. En esta tarea corresponde un papel fundamental
a las autoridades locales, los representantes de corregimiento y Alcalde, ya
que tienen en sus manos la posibilidad de proponer y modificar acciones legales
y administrativas que permitan un ambiente sano y seguro para la población y
las futuras generaciones. Una
alternativa viable fortalecer el
Distrito de Donoso como una reserva vida natural. No debemos olvidar que Donoso tiene dos
terceras partes de su territorio cubierto de bosques y es parte importante del
Corredor biológico mesoamericano, situaciones que los mineros persisten en
desconocer. Hay que declarar nuestro
distrito como región libre de la minería a cielo abierto, porque está
demostrado a nivel mundial que este tipo de minas son lo más destructivo que
existe.
Queremos dejar por escrito
nuestra disposición a asumir con todos los medios a nuestro alcance la
construcción de una propuesta de desarrollo en la que tengamos voz, voto y
participación. Pero si esa posibilidad
se nos niega, tendremos entonces que negar todas las cosas que nos atropellan y
nos niegan una vida digna y justa.
Si ANAM no detiene los abusos de las grandes empresas mineras, nosotros
no tenemos por qué respetar sus leyes, las cuales en la mayoría de los casos
reprimen nuestras formas de producción, sin ofrecer alternativas.
Si el Gobierno panameño le da tantos privilegios y exoneraciones a las
grandes empresas en el pago de impuestos, nosotros, que tenemos menos, no
tenemos por qué pagar impuestos.
Si a las empresas que extraen oro, plata, cobre y platino se les declara
legales, nosotros declaramos que nuestros hermanos que lavan oro en las
quebradas con batea son mas legales y con más derechos que ellos.
Si esta tierra en la que nacimos y que nos da vida se pretende regalar
por unos centavos a unas pocas empresas extranjeras, no hay razón moral para
que nosotros tengamos que pagar por la titulación de nuestras tierras.
LAS REFORMAS AL CODIGO MINERO ESTAN
EN CONTRA DE LOS INTERESES DEL CAMPESINADO Y DE NUESTRO PAÍS, Y POR ESA
RAZÓN LAS DESCONOCEMOS Y RECHAZAMOS.
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