EL PROBLEMA DE LA TIERRA EN EL ECUADOR

Dos acontecimientos últimos han “revivido” en los medios de comunicación el debate acerca de la tenencia de la tierra en el país. El uno es la presentación del ante-proyecto de Ley de Tierras por parte de la FENOCIN, FEI y FEINE con la colaboración de un sector de Alianza País. El otro, es el que gira en torno a la represión y expropiación que hace el Gobierno Central de terrenos pertenecientes a campesinos medios en la provincia de Manabí, en el sector de Río Grande.

El problema de la tierra en el Ecuador es mucho más complejo de lo que plantean el gobierno fascista, el revisionismo y los grandes medios de comunicación.

La semi-feudalidad en el Ecuador

En nuestro país se desarrolla el capitalismo burocrático, esto es un tipo de capitalismo sometido al imperialismo y anclado a la semi-feudalidad, propio de los países oprimidos y donde no triunfó la revolución democrático-burguesa.

La semi-feudalidad tiene muchas expresiones económicas, sociales, culturales y políticas, siendo la principal el régimen de propiedad de la tierra y el agua.

Ésta es la actual distribución de la tierra y el agua en el Ecuador:

-636375 minifundios (cada uno generalmente es propiedad de una familia entera) abarcan 1´463212 hectáreas. La gran mayoría del campesinado posee propiedades que van de entre menos de una hectárea hasta menos de 10 hectáreas. En cambio 19557 grandes latifundios (generalmente cada terrateniente tiene más de uno) abarcan 5´260375 hectáreas. Estos grandes latifundios son haciendas de más de 100 hectáreas. (Datos obtenidos del III y último Censo Nacional Agropecuario)

-La distribución del agua, elemento fundamental para la producción agrícola, es totalmente inequitativa: 1% de hacendados y agro-exportadores controlan el 70% del caudal de agua (muchas veces inclusive ni siquiera pagan por éste servicio); mientras que el 80% de campesinos pobres apenas tienen acceso al 12% de caudal de agua, la misma que tienen que pagar permanentemente para recibirla.

Como podemos ver existe una gran concentración de la tierra y las principales fuentes de agua en pocas manos, la de algunos miles de terratenientes en contra de millones de campesinos pobres, jornaleros y medianos propietarios rurales que son quienes producen la riqueza agraria del país.

Para demostrar en los hechos la alta concentración de la tierra en pocas manos, pondremos unos cuantos ejemplos concretos de lo que hasta el momento se ha podido identificar:

Hacienda de 6000 hectáreas de la familia Valgaz en San Lorenzo-Esmeraldas; hacienda de 460 hectáreas de la familia Villa en Puyango-Loja; hacienda de 500 hectáreas de la familia Garcés en Tambillo-Pichincha; hacienda de 600 hectáreas en Yunguilla-Cuenca; hacienda “Isabela” de 570 hectáreas ubicada en la provincia de Guayas; hacienda de 500 hectáreas de la familia Yépez en la provincia de Carchi; hacienda “Zuleta” de 2000 hectáreas en la provincia de Pichincha; hacienda “La Sofía” de 250 hectáreas en la provincia de Manabí; hacienda “Yanahurco” de 26000 hectáreas en la provincia de Cotopaxi; hacienda de 1020 hectáreas de Robert Wong en la provincia de Santo Domingo; hacienda de 2000 hectáreas de la familia Paredes en la provincia de Chimborazo; hacienda “El Porvenir” de 4500 hectáreas en la provincia de Cotopaxi; hacienda de 500 hectáreas de los Gonzales en Quinindé-Esmeraldas; hacienda de 1000 hectáreas de Robert Wong en la provincia de Los Ríos; hacienda “Cusín” de 4000 hectáreas en la provincia de Imbabura; hacienda “Santa Rita” de 500 hectáreas en la provincia de Cotopaxi; hacienda “Guachalá” de 2000 hectáreas en la provincia de Pichincha; hacienda “Pucate” de aproximadamente 1000 hectáreas en la provincia de Chimborazo.

Estas condiciones de desigualdad en el campo han generado durante muchas décadas una situación de extrema pobreza, migración, relaciones de servidumbre y gamonalismo (sobre todo a nivel rural) y por supuesto luchas y levantamientos de los campesinos que hasta el momento no han podido conseguir sus objetivos estratégicos (tierra para quien la trabaja y agua para los pequeños y medianos campesinos productores) debido fundamentalmente a que éstas luchas han estado huérfanas de dirección proletaria.

La política agraria del régimen de Correa

Correa y la cúpula de Alianza País dirigen un gobierno fascista, corporativista, representante de grandes burgueses y terratenientes aliados al imperialismo, principalmente EEUU y China.

Desde el comienzo de su gestión, la política agraria del actual gobierno ha sido la de defender y promover el camino terrateniente en el campo, que en nuestro país se resume fundamentalmente en seis ejes:

1.-No tocar y hasta proteger el latifundio;

2.-En algunas zonas y en determinadas circunstancias expropiar un pequeño porcentaje de las grandes haciendas y vender esas tierras a los campesinos pobres vía créditos de la banca estatal;

3.-Entrega de ciertas tierras del Estado a los campesinos por medio de la venta con créditos de la banca estatal;

4.-Enfrentamiento y corporativismo con los pequeños y mediados campesinos, sobre todo en temas tierra y agua;

5.-Entregar bonos a los campesinos para amortiguar la pobreza en el campo y la consiguiente lucha de clases; y,

6.-Promover leyes, reglamentos y demás instrumentos jurídicos para avalar la protección del latifundio, la venta de tierras a los campesinos vía la banca estatal y criminalizar cualquier acción de protesta de las masas como por ejemplo las invasiones de haciendas que rebasan lo permitido por el camino terrateniente.

El actual gobierno lleva cerca de 5 años de gestión y en todo este tiempo es evidente la aplicación de estos 6 ejes del camino terrateniente en el campo.

Lo que ha ocurrido en el sector de Río Grande en estos días es una confirmación de lo afirmado. El gobierno, por medio de la SENAGUA y con la “ayuda” de la empresa China Tiesiju está construyendo el Proyecto de Propósito Múltiple Chone, bajo el “argumento” de que ésta obra ayudaría a evitar las inundaciones permanentes que se dan en ese cantón de la provincia de Manabí. Sin embargo ese es solo el pretexto, pues las inundaciones en Chone se dan en realidad como consecuencia de la existencia de una serie de compuertas construidas por empresarios camaroneros aguas abajo del río Chone que impiden el flujo natural del caudal del río en época invernal.

La “razón” de fondo es la de crear una gran represa que sirva para “mejorar la productividad” de terratenientes del sector y de las empresas monopólicas. Para esto el gobierno ha expropiado a medianos campesinos productores que tenían un promedio de entre 30 a 40 hectáreas y cuyas propiedades estaban en la zona donde actualmente se está construyendo la represa. Esta expropiación no se la hace a grandes hacendados que si existen en ese cantón, tampoco se tomó en cuenta el gran daño que se causa a cientos de personas que trabajaban como jornaleros en dichas propiedades y el desalojo de cerca de 1500 familias perjudicadas directamente por la construcción de la represa. Éste desalojo se lo hizo a la fuerza con la intervención de grandes contingentes de la Policía y el Ejército, preanunciando así la gran represión que prepara éste régimen fascista y corporativista para profundizar el capitalismo burocrático en el Ecuador.

El anteproyecto de la Ley de Tierras

Este es un proyecto de ley presentado por varias organizaciones revisionistas y oportunistas aliadas al gobierno como son la FENOCIN, la FEINE y la FEI con el apoyo y asesoría de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional.

En este proyecto básicamente se propone:

a) Expropiar las propiedades agrarias de más de 500 hectáreas. Al terrateniente se le cancelará el “justo precio” por cada hectárea de tierra que se le expropie. (Art. 18 y 53 y 54). Por ejemplo, si un terrateniente es dueño de 700 hectáreas, 200 le expropian y las otras 500 sigue siendo propietario. Como vemos este punto busca, en esencia, sostener la base del latifundio y tratar de que un sector de los terratenientes “evolucione” paulatinamente hasta convertirse en capitalistas.

b) Expropiar las propiedades de más de 300 hectáreas que sean de una misma persona natural o jurídica extranjera, o de capital extranjero. De igual manera se le cancelará el “justo precio” por cada hectárea de tierra que se le expropie. (Art. 53 y 54)

c) Expropiar las propiedades de más de 25 hectáreas que no cumplan con la función “social y ambiental” que fija la Ley. (Art. 53 y 54). Esto es simplemente expropiar a los medianos campesinos productores bajo la libre interpretación de la Ley. Este punto está simplemente preparando el terreno para legalizar lo ocurrido por ejemplo con las violentas expropiaciones en Río Grande a campesinos que tenían un promedio de 30 hectáreas.

d) Vender esas tierras expropiadas a los campesinos pobres a través de créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento previo informe favorable del Instituto Nacional de Tierras y con la hipoteca del predio vendido para “garantizar” el pago del capital prestado más los intereses. (Art. 57 y 58).

e) En el caso de que los campesinos que compraron un predio y no pueden pagarlo, el Instituto Nacional de Tierras se adjudicará dicho terreno y cancelará al campesino ex – propietario únicamente el valor de las mejoras introducidas en el predio. (Art. 59). Es decir si la cosecha no rinde ya sea por mal clima, plagas, caída de precios, etc., y el campesino no puede pagar las cuotas del préstamo más los intereses al Banco Nacional de Fomento, simplemente le quitan el terreno y solo le devuelven el equivalente a las “mejoras” que haya hecho en ese predio, como por ejemplo haber puesto tendido de energía eléctrica, más no todo el capital que hasta el momento haya cancelado a la banca estatal.

f) Quedan absolutamente prohibidas las invasiones de tierras. Los cabecillas serán sancionados por medio del Ministerio Público y las personas que se encuentren tomadas “arbitrariamente” tierras que no les pertenecen serán desalojadas “asegurándose que en el proceso de desalojo se garanticen los estándares internacionales de derechos humanos para desalojos forzosos.” (Art. 65). En este punto vemos como esta Ley sirve para proteger las propiedades de los grandes hacendados, ya que generalmente los campesinos pobres no invaden una propiedad de 20, 30 o 70 hectáreas, sino haciendas de más de 100 hectáreas como ocurrió por ejemplo con la toma de la Hacienda Cantapez de 270 hectáreas en la provincia de Cotopaxi hace tres meses.

Como se puede analizar y entender contundentemente, éste ante-proyecto de Ley de Tierras presentado por la facción del revisionismo que está co-gobernando directamente con el régimen de Correa sirve de una u otra manera a seguir aplicando, en lo fundamental, el camino terrateniente en el campo ecuatoriano.

Sin embargo de esto, tal es el servilismo de Correa y la cúpula de Alianza País a los grandes burgueses y terratenientes, que incluso éste ante-proyecto de Ley de Tierras, que es tibio y conciliador, es visto con preocupación por el gobierno.

En este tema, Correa se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: mas de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio…! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo… Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor… Para que todos seamos propietarios partamos estos 2.000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2.000 familias mas pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiada baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2.000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen solo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres.” Publicado por “La Línea de Fuego”, 17/10/2011.

Como vemos, Correa defiende unas veces abiertamente y otras de manera solapada a los grandes terratenientes. Trata a como de lugar de invisibilizar la injusta distribución de la tierra en el Ecuador que ha hecho que el 50% de la superficie de tierra productiva se concentre en menos del 5% de los propietarios, lo que precisamente es la principal fuente de pobreza en el campo e incluso de atraso económico en las ciudades.

El discurso eficientista de Correa pretende que supuestamente es preferible tener grandes propiedades agrícolas que así dan una buena producción a que tener muchas pequeñas propiedades cuya producción es baja y hasta desastrosa según sus propias palabras. Es decir está cerrando filas junto a los grandes terratenientes, las plantaciones, los monocultivos y la agro-exportación.

Además Correa pretende corporativizar y engañar aún más al pueblo con el cuento viejo y desgastado de la “sociedad de empresarios”, según la cual se “democratiza la propiedad” cuando un grupo de trabajadores o personas de los sectores populares tienen un cierto número de acciones en una empresa de cualquier índole, en este caso concreto en una empresa agrícola. Lo que el miserable y fascista de Correa omite es que siempre en una sociedad empresarial de cualquier naturaleza, quien tenga el mayor número de acciones, léase quien tenga el mayor capital y la mayor cantidad de tierra, será quien se imponga sobre sus “socios”.

En concreto, Correa está planteando que su valoración del ante-proyecto de Ley de Tierras presentado por sus propios aliados revisionistas del viejo PC y el PS-FA a través de la FEI y la FENOCIN respectivamente, es negativa en cuanto a las expropiaciones y que va a seguir, en lo fundamental, aplicando el camino terrateniente en el campo.

Este anteproyecto de Ley de Tierras está desde ya, condenado al fracaso histórico y así fuere aprobado por Alianza País (lógicamente con las enmiendas producto del “tira y afloja” en medio de la colusión y pugna en las clases dominantes) sirve principalmente para profundizar el capitalismo burocrático en el Ecuador aplicando el camino terrateniente en el campo y sus 6 ejes básicos.

La posición de la otra facción revisionista frente al problema de la tierra

Ya vimos cual es la posición de la facción revisionista del viejo PC y el PS-FA.

Ahora no corresponde analizar la posición ideológico-política de la otra facción revisionista: la del MPD y Pachakutic.

El PCMLE desde que abandonó la línea revolucionaria del Marxismo-Leninismo-Pensamiento Mao Tse Tung y se entregó al cretinismo parlamentario creando el grupo oportunista MPD, ha asumido simultáneamente posturas revisionistas trotskistas y hoxhistas. Esto les llevó a desentenderse de la lucha campesina estratégica por la tierra, a ya no ver como una necesidad organizar al campesinado bajo el principio de alianza obrero-campesina, a utilizar a las masas agrarias como simples votantes en tiempos electorales e incluso asumir un programa directo al socialismo precisamente en un país semi-colonial y semi-feudal como es el Ecuador de nuestros días, generando así una gran confusión en sectores populares.

Este partido revisionista como “trabajo” campesino tiene básicamente la FEUNASSC (Federación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino) la misma que la utiliza como un feudo administrativo y electoral: ahí están viejos dirigentes oportunistas a la caza de votos para cada elección burguesa.

El planteamiento del PCMLE respecto al problema de la tierra se reduce a impulsar la “Reforma Agraria”, es decir a una simple compra-venta de tierras de manera evolutiva al interior del sistema capitalista, e incluso éste planteamiento viene acompañado del llamamiento a votar por las listas 15, es decir “vinculan” reforma agraria con elecciones burguesas. Conscientes o no de lo que hacen, éste partido revisionista está promoviendo el camino terrateniente en el campo ecuatoriano, así de simple y concreto.

En el caso de Pachakutic, frente al problema de la tierra asume dos posturas básicas: por un lado trata de “resolver” éste problema de manera pacifista, conciliadora y legalista, por medio de leyes de tierra y leyes del agua; y por otro lado, Pachakutic promueve un nacionalismo burgués, que se basa en el etnocentrismo al margen de la lucha de clases en el campo, pues reivindican más la lucha por un Estado plurinacional que la misma lucha por la tierra.

Para comprender lo distorsionado de ese planteamiento de Pachakutic, son precisas las enseñanzas al respecto de José Carlos Mariátegui, uno de los más grandes marxistas-leninistas de América Latina: “No nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categóricamente, su derecho a la tierra… Todas las tesis sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejercicios teoréticos -y a veces sólo verbales-, condenados a un absoluto descrédito. No las salva a algunas su buena fe. Prácticamente, todas no han servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y morales. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras subsista la feudalidad de los "gamonales"… El nuevo planteamiento consiste en buscar el problema indígena en el problema de la tierra.”

Es muy clara, contundente e irrefutable la fuerte crítica que hace Mariátegui a las posturas etnocentristas y de otros estilos que reivindican la lucha del indígena pero al margen de la lucha revolucionaria por la tierra.

Pachakutic remata con sello de oro su desviación revisionista cuando arrastra a las masas campesinas y en algunos casos en las ciudades a ser votantes cautivos de la democracia burguesa en el país. Con todo esto, por supuesto que Pachakutic contribuye a afirmar el camino terrateniente en el campo; incluso algunos de sus dirigentes son terratenientes como es el caso del prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, que es dueño de cerca de 115 hectáreas.

El MPD y Pachakutic son la otra facción del revisionismo ecuatoriano que junto al viejo PC y el PS-FA contribuyen directa o indirectamente, de una u otra manera, tácita o expresamente al camino terrateniente en el campo ecuatoriano aplicado por el régimen fascista y corporativista de Correa.

Paralelamente a esto, el bloque revisionista MPD-Pachakutic pugna por atar a las masas al proyecto electorero reformista de Alberto Acosta hacia el 2012-2013, quien representa una sub-facción de la burguesía burocrática, junto con el agente de la CIA Gustavo Larrea, co-autor del plan imperialista “Ecuador sin Armas”. Buscan encarrilar el descontento de las masas campesinas, la lucha de estudiantes, maestros y pequeños-comerciantes en el parlamentarismo burgués. Es un deber de los comunistas y revolucionarios desbaratar ese discurso revisionista en medio de la agitación y propaganda entre las masas.

El Programa Revolucionario Agrario de los Comunistas Ecuatorianos

El PCE en reconstrucción, conforme al análisis científico, clasista e histórico de nuestra sociedad, plantea que el Ecuador necesita atravesar primero por la etapa democrática de la revolución para pasar ininterrumpidamente hacia el socialismo.

Tenemos que barrer con la dominación del imperialismo, el capitalismo burocrático y la semi-feudalidad. Es decir organizar la Revolución de Nueva Democracia.

El programa democrático de nuevo tipo, tiene varios temas. Concretamente, respecto al problema de la tierra, éstos son nuestros planteamientos fundamentales:

1.-Destrucción del latifundio. Todas las haciendas de más de 100 hectáreas deben ser confiscadas sin indemnización y esas tierras repartidas gratuitamente entre los campesinos pobres que tengan poca tierra o no la tengan, bajo el principio de “tierra para quien la trabaja”.

2.-Las principales fuentes de agua deben ser entregadas fundamentalmente a los pequeños y medianos campesinos productores.

3.-Establecimiento de un gobierno democrático-revolucionario dirigido por obreros, campesinos y la intelectualidad progresista.

4.-Éste programa jamás se realizará pacíficamente o por medio de las elecciones burguesas, sino por medio de la Guerra Popular del campo a la ciudad, a través del establecimiento de Bases de Apoyo Revolucionarias como Nuevo Poder que irá surgiendo a medida que vaya siendo destruido el viejo Estado burgués-terrateniente, hasta la conquista del poder en todo el país y la instauración de la República Popular de Nueva Democracia.

5.-Alianza obrero-campesina, expresada en la dirección y unidad del Partido Comunista de nuevo tipo con el movimiento revolucionario agrario.

¡COMBATIR A CORREA FASCISTA, LACAYO IMPERIALISTA!

¡ABAJO EL REVISIONISMO SIRVIENTE DEL CAMINO TERRATENIENTE!

¡LUCHAR POR LA TIERRA Y EL AGUA PREPARANDO LA GUERRA POPULAR!

¡GENERAR UN MOVIMIENTO DE CAMPESINOS POBRES CON DIRECCIÓN PROLETARIA!

COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN

PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR

23/10/2011